Contexto Normativo y de Derechos Humanos

La “Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer” (CEDAW por sus siglas en inglés), adoptada el 18 de diciembre de 1979 en Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y ratificada por el Estado Mexicano el 23 de marzo de 1981, estableció el compromiso de los estados parte para adoptar las medidas necesarias, así como las sanciones correspondientes, para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos.

Por su parte, la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” (Convención de Belém do Pará), adoptada el 9 de junio de 1994 en Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y ratificada por el Estado Mexicano el 19 de junio de 1998, condenó todas las formas de violencia contra la mujer y convino, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, en adaptar políticas públicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. En especial, el artículo 5 de dicha convención establece: “Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

De acuerdo con lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º señala que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos, estando incluido dentro de los mismos, el derecho humano de las mujeres, a la participación política en igualdad de oportunidades, en consonancia con el artículo 35 de la misma Constitución Federal que establece que son prerrogativas de los ciudadanos votar en las elecciones populares y poder ser votados para todos los cargos de elección popular.

Asimismo, el artículo 41 de la Constitución Federal establece que entre las funciones de los partidos políticos, se encuentran el de promover la participación en la vida democrática y posibilitar el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con la paridad.

En el mismo sentido, el artículo 7, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que es un derecho de las y los ciudadanos, así como una obligación de los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad para el acceso a cargos de elección popular.

Por su parte, el artículo 11 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla señala que el voto constituye un derecho y una obligación del ciudadano, que es el instrumento único de expresión de la voluntad popular para integrar el Poder Legislativo, y elegir al Titular del Poder Ejecutivo, así como a los miembros de los Ayuntamientos y participar en los procesos de plebiscito y referéndum. También señala que es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. Agrega que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y que quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

De esta manera, son derechos humanos de las mujeres, la posibilidad de elegir a un gobernante o ser elegida para gobernar; participar activamente y de manera equitativa en las instituciones gubernamentales, la administración pública, los órganos legislativos y los tribunales judiciales; tomar decisiones en igualdad de condiciones que los hombres, tanto en el ámbito privado como en el público, y recibir capacitación para fomentar el liderazgo de las mujeres.

Así, la normativa internacional y nacional aspira a a la ciudadanía plena de las mujeres, a través de una intensa y consciente participación en los procesos electorales y políticos y el fomento a sus derechos humanos, en condiciones de igualdad, de no violencia y de no discriminación.

Bajo el anterior contexto, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla pretende contribuir al logro de los altos ideales y valores que los tratados internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han implantado en el Estado Mexicano, y en nuestra entidad federativa, a través del respeto y fomento irrestricto de los derechos humanos político-electorales de las mujeres.